Ciudad de México. (Infobae).- La noche de este martes la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas a la Ley Federal del Trabajo y otros siete ordenamientos para prohibir el outsourcing o subcontratación de personal en el sector privado e instituciones públicas.
Las reformas fueron avaladas por 348 votos a favor, 77 en contra y 32 abstenciones tras cuatro horas de discusión. Se prevén multas de 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida a quien realice subcontratación de personal.
El proyecto que se discutió en San Lázaro busca la creación de un padrón público de empresas dedicadas a la subcontratación de personal de servicios especializados.
“Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social”, se lee en el documento.
Otro aspecto a destacar es lo relacionado con las utilidades con un máximo de tres meses del salario del trabajador o el promedio de participación recibida en los tres últimos años.
Las empresas que actualmente operan bajo el régimen de subcontratación laboral contarán con un plazo de 90 días naturales para la sustitución patronal y migración de trabajadores, siempre y cuando la empresa destino reconozca sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad, ante las instancias legales correspondientes.
Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, el partido de la mayoría, afirmó que el dictamen en materia de outsourcing se ha revisado minuciosamente, con técnica legislativa, viabilidad e impacto presupuestal, “para que no haya controversias”.
“Esta iniciativa fue presentada el 20 de noviembre de 2020, ha habido infinidad de parlamentos abiertos al respecto. Se escuchó la voz de los empresarios, que pensaban que a través de la propuesta original se podía violentar la competitividad de las empresas, y otros pensaban que era insuficiente para garantizar los plenos derechos de todos los trabajadores. Entonces, lo que se hizo fue un acuerdo”, indicó en rueda de prensa.
Mier destacó que la reforma tiene el respaldo de los organismos empresariales agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la aprobación de todas las organizaciones y federaciones de trabajadores, tiene la aprobación del gobierno de López Obrador y le corresponde plasmar en ley al Ejecutivo ese acuerdo de voluntades”, concluyó.
El pasado 6 de abril, se dio a conocer que el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, junto con representantes del sector empresarial, acordaron un plazo de tres meses para regular la subcontratación de empleados en empresas y que éstos pasen a formar parte de la nomina del patrón real.
Con esta decisión quedaría prohibido el esquema de outsourcing. De igual forma, además de la prohibición, se busca regular la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa.
Ante este acontecimiento protagonizado por gobierno y empresarios, las corporaciones deberán registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para crear un padrón público de empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas.
En el 2020, el presidente López Obrador habló de su intención de prohibir el llamado “outsourcing”. Este esquema permite a las empresas contratar personal a través de otras empresas. Una de las consecuencias de este tipo de contratos laborales es que “el patrón puede controlar la cantidad de utilidades que le quiera pagar a los trabajadores”, puesto que el trato que hace no es directo con sus empleados, sino con la empresa que los provee.
