Ciudad de México (La Jornada).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, por el caso de dos personas a las que les fueron violados sus derechos a la libertad personal, a la inviolabilidad del domicilio, y haber sido objeto de tortura física y psicológica por parte de elementos de la dependencia, en Ciudad Mendoza, Veracruz.
En la recomendación 20/2016, el organismo nacional reporta que el 12 de agosto de 2013 recibió una queja en la que se señaló que el día 6 de ese mes y año, policías estatales y elementos de la Secretaría de Marina (Semar) se introdujeron al domicilio de las víctimas, sin orden de cateo ni consentimiento, golpeándolos para posteriormente llevarlos a otro lugar, sin mostrar documento alguno que justificara su detención, en donde fueron objeto de actos de tortura física y psicológica.
Dos días después de estos hechos, uno de los agraviados fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público Federal quien inició la averiguación previa correspondiente, en la que consta la certificación de diversas lesiones que el agraviado presentaba en su cuerpo; en tanto que la otra agraviada fue dejada en libertad por dichos elementos aprehensores ese mismo día por la noche, después de haber estado sujeta a actos de tortura psicológica.
Resultado de la investigación realizada por la CNDH, ésta encontró elementos suficientes que acreditaron violaciones a los derechos humanos de los dos agraviados, quienes fueron objeto de detención arbitraria, retención ilegal, allanamiento de su domicilio y sujetos a actos de tortura en su integridad física y psicológica, atribuibles a elementos militares de la Secretaría de Marina.
En las recomendaciones, el organismo nacional pide a la dependencia que se les repare el daño a los dos agraviados derivado de la responsabilidad del Estado, en términos de la Ley General de Víctimas, y se les proporcione atención médica y psicológica.
Además, pide que la Semar colabore en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos y queja que la CNDH formule ante la Procuraduría General de la República y la Unidad de Inspección y Contraloría General de Marina, respectivamente, a fin de que se investigue a los servidores públicos federales que intervinieron en los hechos.
