(Informador) Activan Alerta Amber para localizar a cuatro migrantes menores en San Luis Potosí. El flautista Horacio Franco denuncia la desaparición de su sobrina. Buscan a tres adolescentes en Culiacán, Escuinapa y Mazatlán. Desaparecen Kaely, Nasly y Alison en diferentes hechos en Iztapalapa. “La menor Mariana fue vista por última vez en Guadalajara el pasado 15 de mayo. Se considera que la integridad de la adolescente se encuentra en riesgo, toda vez que puede ser víctima de algún delito”, señalan medios de comunicación.
En México, 12 mil 080 menores han desaparecido en el periodo 1995-2021 y permanecen en calidad de no localizados, siendo las mujeres las más afectadas (seis mil 515). Se incluyen todo tipo de categorías: desde robos, sustracciones o desapariciones.
Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el problema de los niños, niñas y adolescentes que continúan en esa condición se ha incrementado en los últimos años. En lo que va del 2021 se han registrado 879 casos, una cifra récord en México (el año 2017 tenía el reporte más alto: 840 denuncias).
Jalisco se ubica en cuarto lugar a nivel nacional, con 870 menores que permanecen sin ser localizados desde 1995 a la fecha, sólo por debajo del Estado de México (mil 743), Tamaulipas (mil 473) y Nuevo León (897).
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) denuncia que la desaparición de las y los menores de edad sigue aumentando. En promedio desaparecen siete niños y niñas al día en el país.
Incontrolable, corrupción de menores de edad en México
Raymundo fue condenado a 23 años de prisión. A sus 74 años de edad fue imputado por los delitos de violación y corrupción de menores. La víctima fue una niña, quien recibe atención por los daños físicos y psicológicos.
El delito de corrupción de menores de 18 años de edad está en aumento en México. Mientras en 2019 se documentaron dos mil 464 carpetas de investigación a nivel nacional, el año pasado cerró con dos mil 665, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, es un subregistro, porque hay padres de familia que prefieren guardar silencio cuando descubren los abusos hacia los niños y niñas por parte de familiares o personas cercanas, afirman organizaciones civiles.
Comete el delito de corrupción de menores el que induzca, procure, facilite u obligue a un menor de 18 años a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, prostitución, ebriedad, consumo de narcóticos, prácticas sexuales o para cometer hechos delictuosos.
El año pasado, Jalisco fue noticia nacional. Luis Alonso “N”, quien se desempeñaba como director de Recursos Humanos de la Policía de Puerto Vallarta, abusó de una niña de 10 años y fue vinculado a proceso por el delito de corrupción de menores, pero luego que un juez se negó a hacerlo con el argumento de que la menor “no sintió placer”. El ex funcionario sumó dos delitos, ya que previamente había sido vinculado a proceso por abuso sexual infantil.
Entre enero y mayo de este año se mantiene la tendencia, con un total de mil 300 denuncias por este ilícito ante los 32 Ministerios Públicos del país.
En la estadística sobresalen Baja California, Guanajuato y Ciudad de México, Entidades que prácticamente concentran la mitad de los delitos en el país (659). Y Jalisco es cuarto lugar nacional, con 68 casos.
Por el contrario, solamente en dos Estados no hay carpetas de investigación iniciadas por este delito: Querétaro y Tlaxcala.
Tráfico de niños y niñas está a la baja; critican el subregistro
En 2017, ocho miembros de una organización criminal internacional llamada Rendón-Reyes se declararon culpables en una corte de Nueva York por extorsión y otros cargos, ante las operaciones para forzar a mujeres jóvenes y niñas de México y Latinoamérica a prostituirse durante una década. Traficaron a sus víctimas hacia Norteamérica, luego utilizaron violencia, fraude, engaño y coacción para obligarlas a la prostitución. Los delincuentes fueron arrestados en Estados Unidos y México como parte de una acción policial bilateral. Cinco de los acusados fueron detenidos en México y luego extraditados.
Son de las pocas acciones conjuntas que se realizaron en México, pero destaca un desmantelamiento de las corporaciones que deben combatir al crimen organizado que atenta principalmente contra el tráfico de menores de edad.
Mientras en el año de 2017 se documentaron 229 carpetas de investigación o averiguaciones previas en los 32 Estados por tráfico de menores, el año pasado la cifra bajó a sólo 23 investigaciones, pero la estadística es calificada como un subregistro, según organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México.
En 2017, este delito se identificó principalmente en Estados como Sonora, Guanajuato y Nayarit. El caso más grave fue en Sonora, ya que se registraron 183 denuncias penales por este ilícito contra menores de edad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló la crisis en ese Estado. En febrero de 2014, una mujer dio a luz a una niña en el Hospital Infantil de Hermosillo, pero personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia se la quitó y la ingresó a la casa hogar Unacari.
Cuando la madre intentó recuperarla, los empleados del albergue le respondieron que su hija ya no estaba. Fue una de las víctimas de una red de tráfico de menores operada por servidores públicos de Sonora entre 2009 y 2015. Si bien el Gobierno local reconoció 10 casos, la Comisión reveló que 22 niños y niñas fueron víctimas de la red de tráfico.
GUÍA
¿Qué es Alerta Amber?
Programa que establece una herramienta eficaz de difusión, que ayuda a la pronta localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave por motivo de no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún delito ocurrido en territorio nacional. Es independiente de la denuncia o proceso penal que inicien las autoridades competentes.
¿Cómo funciona?
A través de la difusión masiva e inmediata de un formato único de datos con fotografía, en todos los medios de comunicación disponibles, para lo cual el Gobierno de la República puede activar una alerta nacional o internacional, o en su caso, coordinar la activación de una alerta estatal, con la participación de todos los órdenes de Gobierno, sociedad civil, medios de comunicación, empresas y todos los sectores que deseen colaborar para sumar esfuerzos y potenciar la búsqueda y localización.
¿Quién es la autoridad encargada de autorizarla y activarla?
La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas evalúa, analiza y, en su caso, realiza la activación.
Participan la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. También la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
¿Cómo participan los Gobiernos estatales?
Para la operatividad del programa se cuenta con un Comité nacional, una Coordinación nacional y Coordinaciones independientes de los 32 Gobiernos estatales, así como enlaces en todas las delegaciones de la Fiscalía General de la República.
¿Cuáles son los criterios que se valoran para la activación?
Una vez que se recibe el reporte de no localización de una niña, niño o adolescente, el o la enlace de Alerta Amber en la Entidad federativa correspondiente, valora la procedencia para la activación de una alerta de acuerdo con:
• Que los involucrados sean menores de 18 años de edad.
• Que se encuentran en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal.
• Que exista información suficiente: nombre, edad, sexo, características físicas, señas particulares, padecimientos, discapacidades, vestimenta y la descripción de las circunstancias de los hechos.
¿Cuáles son los alcances?
Dependiendo de las circunstancias del caso, se puede activar una Alerta estatal, nacional o internacional.
¿Cómo puedo ayudar?
Si tiene algún dato o información sobre la persona reportada, en la página www.alertaamber.gob.mx están los enlaces.
Crimen organizado
Hay 11 Estados con mayor peligro para la niñez
Los Estados de Guerrero, Baja California, Guanajuato y Chihuahua, respectivamente, son los más peligrosos para la niñez en México, de acuerdo con Índice estatal de riesgo de violencia asociada con el crimen organizado con impacto en niñas, niños y adolescentes, que los ubica en un rango de “muy alto”.
Sin embargo, Baja California Sur, Colima, Zacatecas, Nayarit, Oaxaca, Michoacán y Morelos están en el rango de riesgo “alto”.
“Niñas, niños y adolescentes de quienes se habla en este estudio han vivido en un entorno de muerte de familiares, compañeros de escuela, conocidos. En su entorno social inmediato las personas han sido víctimas de desaparición forzada, han estado sujetas a una vida precaria en todos sentidos de frente a las instituciones del Estado y sin beneficiarse de su intervención oportuna”, refiere la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, responsable del estudio.
Mientras Jalisco está en riesgo “medio”, solamente cinco Estados tienen una mayor paz para la infancia: Coahuila, Yucatán, Tlaxcala, Chiapas y Campeche.
“Las dos problemáticas más preocupantes relacionadas con el impacto del crimen organizado en niñas, niños y adolescentes, y el derecho a la vida e integridad personal, son la desaparición forzada y la privación de libertad de adolescentes en conflicto con la ley. Particularmente, la desaparición forzada resulta una categoría analítica muy compleja dada la imposibilidad de contar con cifras para dimensionar el fenómeno en México y porque afecta a las familias de forma extensa y prolongada, inclusive a distintas generaciones, truncando la posibilidad de bienestar y una vida digna con acceso a la justicia. En cuanto al derecho a la libertad personal, la seguridad de las personas y la libertad de circulación y residencia, se identifica el desplazamiento forzado a causa de la violencia como la problemática más urgente”.
Se consideraron siete estudios para medir a las 32 Entidades federativas: Índice de paz, Índice de desigualdad de ingresos, Índice de rezago social, Índice de personas menores de edad víctimas del crimen organizado, Índice de población adolescente en el Sistema de Justicia Penal, Índice de percepción de seguridad de personas menores de edad, así como el Índice de factores de riesgo en menores de edad.
Las sanciones
El año pasado, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para incorporar en el Código Penal Federal los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad.
Ahora se establecen penas de hasta 15 años de prisión a los familiares y parientes, así como para padres y madres sin patria potestad sobre sus hijos (por resolución judicial), que cometan estos ilícitos. Y hasta 18 años de cárcel a quienes no tengan parentesco con los menores.
La Corrupción de menores en México
Actos violentos
Delitos:
Infanticidio.
Violación.
Secuestro.
Maltrato físico.
Explotación laboral.
Lesiones físicas.
Extorsión.
Amenazas.
Robo.
Homicidio.
Explotación sexual.
Acoso.
Abuso emocional.
Difamación.
DATO
Tendencia
• La incidencia de desapariciones en Jalisco se disparó a partir de 2008.
• Y 2019 fue el año con más desapariciones en el Estado.
Índice de riesgo de la violencia asociada con el crimen organizado
“MUY ALTO”
Guerrero.
Baja California.
Guanajuato.
Chihuahua.
“ALTO”
Baja California Sur.
Colima.
Zacatecas.
Nayarit.
Oaxaca.
Michoacán.
Morelos.
“MEDIO”
Jalisco.
Durango.
San Luis Potosí.
Sinaloa.
Quintana Roo.
“BAJO”
Puebla.
Querétaro.
Estado de México.
Tabasco.
Nuevo León.
Aguascalientes.
Sonora.
Hidalgo.
Tamaulipas.
Veracruz.
Ciudad de México.
“MUY BAJO”
Coahuila.
Yucatán.
Tlaxcala.
Chiapas.
Campeche.
