Por Efrén Urrutia
Bahía de Banderas, Nay.- En seguimiento a las presuntas obras ilegales que comenzaron en fechas decembrinas del 2020 en la comunidad de Higuera Blanca y que afectarían bienes públicos, el Ayuntamiento de Bahía de Banderas interpondrá una segunda denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) contra quienes resulten responsables, confirmó el titular de Planeación Urbana, Matías Verdín Heras.
El servidor público aclaró a Paralelo Informativo que tras la denuncia de los vecinos ante la Profepa Nayarit, su personal acudió a la zona para verificar y confirmaron que efectivamente había obras “de alguien” que afectan parte del arroyo que desemboca en el mar, tomando parte de la vialidad y otra del arroyo. Ambas, propiedad pública no privada.
“Cuando fuimos nosotros ya había terminado un relleno, no encontramos a nadie en el predio. Lo que encontramos ahí fue unas piedras grandes para delimitar de alguna forma el acceso”, externó el funcionario, quien enfatizó que están recabando pruebas y elementos para presentar una segunda denuncia (la primera la interpusieron los vecinos de esa comunidad vía internet, el pasado 22 de diciembre del 2020).
Especificó que la autoridad municipal no otorgó algún tipo de permiso para que pudieran realizar estas obras que afectarían a la comunidad de 1,360 personas aproximadamente, “siguiendo los lineamientos en ese sentido se está preparando una denuncia ante la Profepa contra quien resulte responsable por esas obras y actividades que no fueron autorizadas por el Ayuntamiento, y supongo que tampoco fueron autorizadas por la autoridad federal”.
CONTEXTO
De acuerdo al folio 180-3121, el pasado 22 de diciembre del 2020 la Profepa recibió una denuncia vía internet donde se exponen “presuntas infracciones cometidas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente” en la desembocadura y margen del río, en el poblado de Sayulita, localidad de Higuera Blanca, en Bahía de Banderas, habitado por 1,360 personas aproximadamente.
Los denunciantes (un grupo de 15 abogados ambientales) y representados por Mauricio Liévanos Núñez, exponen a Paralelo Informativo que en la fecha antes descrita comenzó la remoción de vegetación y tierra aparentemente para realizar obras e instalaciones sin contar con la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental, ni con la concesión de zona federal marítimo terrestre para efectos de ocupar y realizar obras en la zona federal competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
