Ciudad de México (El Economista).- Los gobiernos de las entidades federativas del país deben reducir y ordenar su gasto corriente, regular las adquisiciones y concesiones, redimensionar su aparato burocrático y fortalecer la recaudación de ingresos propios, recomendó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara Diputados.
Ello, a fin de implementar de manera más rápida y sencilla la nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, precisa un análisis del referido centro.
“De acuerdo a la Ley, las entidades federativas y los municipios deberán comenzar su implementación a través de un proceso integral de planeación que tendrán que llevar a cabo los gobiernos locales, mismo que incluye la formulación de una nueva política de ingresos, gasto y deuda’’, cita el documento de la Cámara de Diputados.
La nueva ley, amplía, pondrá un freno al creciente endeudamiento de los gobiernos subnacionales.
“Los principales beneficios que traerá la nueva legislación son los siguientes: reglas de disciplina financiera que promuevan el sano desarrollo de las finanzas públicas, poniendo límite al crecimiento del gasto de nómina; un sistema de alertas que medirá el nivel de endeudamiento para detectar riesgos que se presenten en las finanzas públicas locales y la contratación de deuda y obligaciones al menor costo financiero, a través de un proceso competitivo y transparente’’, refiere el texto.
Otros de los beneficios de la Ley de Disciplina es el obtener financiamiento más barato con el otorgamiento del aval federal a la deuda, previo compromiso de cumplir con convenios de disciplina financiera, y la confección de un registro para inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones, entre otras medidas.
Capacitación, punto crucial
Para hacer frente a las reglas e implicaciones que emanan de la nueva ley, agrega el documento, los gobiernos estatales y municipales pueden optar por organizar talleres de difusión del contenido de la misma entre sus funcionarios, y considerar el posible establecimiento de un consejo cuya función sea supervisar la implementación de la legislación.
Además, evaluar la conveniencia de firmar convenios de disciplina financiera con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para anticiparse a la implementación de la nueva ley, que debería entrar en rigor durante el ejercicio fiscal del 2017.
Otras vías de crédito
El documento destaca también la importancia de tener presente que el crédito bancario no es la única fuente de financiamiento para los proyectos de inversión de los gobiernos subnacionales, a los que pueden acceder vía los recursos de los gobiernos federales y los esquemas de asociación público privada.
“Los gobiernos locales también pueden allegarse de los recursos necesarios llevando a cabo acciones que aumenten sus ingresos propios, como por ejemplo la modernización catastral, la eliminación del subsidio a la Tenencia Vehicular, así como la mejora de la eficiencia recaudatoria’’, finaliza.
