Ciudad de México. (La Jornada). El choque de las palas contra el asfalto marcó el arranque de la singular protesta. Familiares de desaparecidos de Guanajuato vaciaron montones de tierra frente al portón central del Palacio Nacional. Con sus herramientas la llevaron de un lado a otro, armaron montículos y sobre ellos colocaron las fotografías de sus hermanos, sus esposos, sus hijas.
Con las consignas que gritaron y los cartelones que colocaron en el suelo, resumieron el sentido de su lucha: “Si AMLO no va a las fosas, las fosas vienen a él”, decía uno, justo el que dio nombre a la protesta.
En el documento que más tarde entregarían a la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, los colectivos de familiares exigieron, entre otros puntos, una audiencia pública con el Presidente, el reconocimiento de que la “estrategia militarizada” de combate a la delincuencia ha incrementado la violencia, seguridad para las personas buscadoras, mesas de trabajo con los tres niveles de gobierno y más recursos para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Según un recuento de organismos civiles a partir de las cifras oficiales, poco más de la mitad de las personas desaparecidas en Guanajuato (2 mil 619 hasta el 12 de noviembre pasado) fueron reportadas en los últimos tres años, que coinciden con el agravamiento de la crisis de seguridad que se vive en esa entidad.
Cada una de las 95 familias que viajaron desde Guanajuato tiene una historia terrible que comienza en el momento en que sus seres queridos fueron secuestrados en sus casas, en la calle o cuando nunca llegaron a sus destinos.
Sandra García González busca a su hijo y a su nuera, Juan Javier Navarro García y Mariela Martínez Morín. Ambos fueron sacados de su casa el 29 de septiembre pasado, en Irapuato. Se los llevó un comando armado (“traían uniformes de camuflaje, como los de la Guardia Nacional”), frente a sus cuatro hijas menores.
“Vengo a pedirle al Presidente, a exigirle, que me regrese a mi hijo y a mi nuera, no queremos encontrarlos en fosas, los queremos con vida.”
Sergio Ortega tomó el megáfono pero no pudo dar su mensaje completo porque le ganaron las lágrimas. “Estoy buscando a mi hija desde hace cinco meses… Ayúdennos”, alcanzó a decir. Debra Sofía, de apenas 19 años, “dejó un pequeño” que ahora cuidan sus abuelos.
El escenario de fosas simuladas fue completado con carteles (“No venimos a atacar a un ídolo. Venimos a exigirle a un Presidente”) y con prendas de personas desaparecidas cosidas a mantas armaron una frase que resumió su dolor: “¿Dónde están?”
En redes sociales comenzaban a cuestionar su presencia en la Ciudad de México con preguntas como: ¿por qué no reclaman al gobierno panista de Guanajuato?
Megáfono en mano respondió Bibiana Mendoza, quien busca a su hermano Manuel Ojeda Negrete, desaparecido a principios de 2018: “Las víctimas no somos un botín político, no tenemos por qué tener color, tenemos necesidades y dolor que merece respeto y atención. Basta de lavarse las manos o culparse entre distintos niveles de gobierno”.
“Al fiscal de Guanajuato (Carlos Zamarripa, con más de 10 años en el cargo) ya le hemos hecho muchas fiestas”, dijo una de las bravas buscadoras sin dejar de echar tierra de un lado a otro.
Otra oradora hizo referencia a un lema del gobierno estatal: “No somos un estado de grandeza, somos un estado de impunidad”.
Funcionarios de Atención Ciudadana de la Presidencia recibieron un documento en el que, de última hora, familiares escribieron el nombre del destinatario: el Presidente de la República. También acudieron funcionarios de la Secretaría de Gobernación quienes ofrecieron a las familias realizar una reunión. Más tarde, los parientes de los desaparecidos volvieron a sus lugares de origen con su dolor intacto.
