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«Las autoridades no están preparadas para manejar un padrón de telefonía»

Ciudad de México. (Expansión Mx).-En México se aprobó la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Celular. Un tema que ha generado polémica, pues recabará información personal y biométrica de la gente. Esto, dicen especialistas, tendrá un impacto negativo en los derechos digitales de la población.

Estas experiencias sobre el uso de la tecnología por parte de gobiernos para “fines de seguridad” es un problema común en otras naciones latinoamericanas.

De acuerdo con Sergio Legorreta, abogado especialista en temas de tecnología del despacho Dentons López Velarde, uno los problemas más relevantes de esta base de datos en el país es que las autoridades tendrán acceso a la información “y no establece límites, lo cual es muy peligroso debido a los antecedentes de colusión que tienen con el crimen organizado”, comenta.

En este sentido, la doctora en derecho privado y ciencias criminales, Cynthia Solís refirió que un repositorio de esta naturaleza “abre la puerta a que cualquier autoridad pueda solicitar el acceso a la información sin que medie una orden judicial o una investigación formal en contra de un usuario”, lo cual representa un riesgo a su privacidad.

Además, los expertos coincidieron en que no existen mecanismos de seguridad sofisticados o adecuados para resguardar la masiva cantidad de información de los usuarios. “Hoy en día, las autoridades no están preparadas para manejar esas bases de datos y no cuentan con la infraestructura para gestionar los registros”, lamenta Legorreta.

Incluso detalla que esta podría ser una de las claves en el fracaso del padrón, pues ya sucedió en 2009, cuando se filtró al mercado negro el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil impulsado por Felipe Calderón. “El Renaut dejó de ejemplo la débil seguridad de datos en México y ahora no tenemos un antecedente que nos garantice que no va a ocurrir lo mismo”, concluye Legorreta.

Uruguay es otro país que padece una situación similar. A finales del año pasado se aprobó la creación de una base de datos a partir de reconocimiento facial con fines de seguridad a cargo de la Secretaría del Ministerio del Interior, pero la medida fue criticada por organizaciones civiles porque “podría vulnerar los derechos humanos” de los ciudadanos.

De acuerdo con Patricia Díaz Charquero, coordinadora del Laboratorio de Datos y Sociedad en Uruguay (Datysoc), las principales preocupaciones que generan se basan en la discrecionalidad a los posibles usos de la información por parte de la institución gubernamental, así como de los potenciales riesgos de abuso sobre las garantías individuales.

Además, resaltan que el concepto de “seguridad pública”, argumento base para implementar este tipo de herramientas digitales, es tan amplio que no define los límites de las autoridades públicas para hacer uso de datos personales.

Díaz Charquero detalla que con esta medida, las autoridades podrían realizar ciberpatrullajes en redes sociales y triangular la información con otros repositorios para perseguir a alguien durante manifestaciones legítimas “sin un marco regulatorio del cual tengan conocimiento los ciudadanos”.

Este punto es de suma relevancia para la coordinadora de Datysoc, pues según la relatoría sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la ONU , este tipo de instrumentos debe usarse a partir de un marco jurídico que sea transparente con la población.

Otro de los elementos por los cuales están en contra de este sistema es que se aprobó “sin ningún tipo de debate” con la sociedad y si bien senadores solicitaron la inclusión de requerir una previa orden judicial para habilitar el uso de los datos de identificación facial, no lograron llegar a un acuerdo antes de que la norma se promulgara.

Brasil, por su parte, es una nación que está inmersa en una condición equiparable desde 2019, cuando el presidente Jair Bolsonaro firmó un decreto sin realizar una consulta pública a partir del cual se comenzó a alimentar el Registro Básico de los Ciudadanos, que recopila datos sobre la población y puede acceder cualquier organismo público.

Para Diogo Moyses, coordinador del Instituto Brasileño para la Defensa del Consumidor (Idec), el problema con este banco de datos es que “no posee reglas básicas que deben ser seguidas por nuestra legislación (…) no establece las finalidades específicas para esos datos. Es un decreto muy amplio que no proporciona garantías para los derechos básicos de los ciudadanos y se torna en un factor de inseguridad”.

Y es que para el especialista, estas bases centralizadas tan amplias son riesgosas por naturaleza, pues eventualmente pueden ser capturadas, trazadas u objeto de un ataque, lo cual generaría consecuencias como persecución política, robo de identidad y fraudes, entre otros abusos en contra de la privacidad.

Por ello, una de sus prioridades es que se revise el decreto, con el fin de eliminar la recopilación de datos biométricos como las huellas dactilares o el rostro para que se garanticen los derechos digitales de los ciudadanos.

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