(InfoBAE) Los legisladores guatemaltecos han aprobado un severo nuevo proyecto de ley que establece hasta 10 años de cárcel para las mujeres que se sometan a abortos, hace ilegal de manera explícita el matrimonio entre personas del mismo sexo y prohíbe que las escuelas enseñen sobre diversidad sexual.
Las medidas, que fueron aprobadas el martes 8 de marzo y que se esperan que el presidente conservador de Guatemala las promulgue como ley en cuestión de semanas, impondrían el castigo más severo por aborto de casi cualquier país de América Latina. Va en contra de la tendencia de ampliar el acceso al procedimiento en toda la región en los últimos años.
“Voté a favor por lo que ha pasado en otros países”, dijo Armando Castillo, un diputado guatemalteco que respaldó las medidas. “El objetivo es establecer una tendencia, para que eso nunca suceda aquí”.
Los grupos defensores de derechos humanos advirtieron que las medidas muy probablemente alentarán a más mujeres a abortar en entornos inseguros, lo que aumentará las cifras de muertes maternas.
“Este es el ataque más regresivo y pleno contra los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT que haya sido aprobado por una legislatura nacional en América Latina en al menos los últimos 10 años”, dijo Cristian González Cabrera, investigador de Human Rights Watch. “Aún más mujeres se verán obligadas a poner en riesgo su salud y su vida”.
Según los analistas, este bandazo aún más a la derecha en materia de aborto podría ser en parte una estrategia del presidente Alejandro Giammattei para apuntalar apoyo político en un momento en el que enfrenta una serie de enormes problemas políticos en el país, así como crecientes tensiones en su relación con Estados Unidos.
Giammattei sigue siendo profundamente impopular en Guatemala, donde las investigaciones de corrupción de alto perfil han atrapado al presidente y su círculo íntimo.
A finales del año pasado, los fiscales abrieron una investigación sobre las denuncias de que el presidente guatemalteco aceptó sobornos de empresarios rusos a cambio de acceso a un puerto clave. Además, su fiscal general ha seguido atentando contra el poder judicial de la nación. Ha detenido a exfiscales y atacado a un juez que maneja los casos de corrupción más delicados del país.
Esas acciones han alienado al gobierno de Joe Biden. El martes 8 de marzo, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, emitió un comunicado en el que condenó los “ataques descarados al sistema judicial de Guatemala a través de arrestos y detenciones por motivos políticos de antiguos y actuales servidores públicos que luchan contra la corrupción”.
En una declaración previa a The New York Times, el despacho de la presidencia negó que Giammattei haya aceptado sobornos.
Guatemala ya había establecido penas de cárcel para cualquier persona involucrada en un aborto, excepto en los casos en los que la vida de la mujer estuviera en riesgo, y las parejas del mismo sexo nunca han podido casarse en el país. Pero según los analistas, este nuevo proyecto de ley tiene un peso simbólico para el presidente.
“Giammattei está intentando ampliar su base en un momento en el que está cada vez más débil y aislado y tiene conflictos cada vez más frecuentes con el gobierno de Biden”, dijo Eric Olson, experto en América Central de la Fundación Internacional de Seattle. “Esto también beneficia su relación con una red de congresistas evangélicos conservadores en Estados Unidos”.
El miércoles 9 de marzo, Giammattei participó en una ceremonia en la que se declaró a Guatemala como la “capital provida” de América Latina. Junto a él estuvieron representantes del Consejo de Investigación Familiar (Family Research Council), una notoria organización evangélica con sede en Washington, dijo el grupo.
En declaraciones registradas para el evento, el senador estadounidense Steve Daines, republicano por el estado de Montana, elogió al líder guatemalteco “por su dedicado esfuerzo a defender la vida de los niños por nacer”. Daines, quien es presidente del Caucus Provida del Senado, dijo: “Los no nacidos están bajo el ataque de poderosas fuerzas externas, particularmente en América Latina”.
La medida fue recibida con reacciones diversas en Guatemala, incluso entre los activistas contra el aborto.
José Estuardo Córdova, director legal de la Asociación la Familia Importa, uno de los principales grupos antiaborto del país, dijo que si bien la organización apoyaba sanciones más severas para los proveedores de abortos, tenía menos sentido aumentar las penas para las mujeres que se sometían al procedimiento.
“Creo que fue aprobada un poco sobre la marcha”, dijo Córdova. “El proceso de creación de este proyecto de ley no ha tenido un análisis técnico serio”.
Guatemala permite el aborto solo para salvar la vida de la madre, pero el nuevo proyecto de ley también añade restricciones en esos casos. Los médicos que realicen un aborto a una mujer en riesgo de muerte ahora tendrán que conseguir a otro médico que esté de acuerdo en que el procedimiento es necesario. Este es un inconveniente enorme en muchas zonas rurales del país donde los profesionales médicos son escasos.
“En esas comunidades es difícil encontrar dos médicos para tratar a una mujer”, dijo Lucrecia Hernández Mack, una diputada guatemalteca que votó en contra de la propuesta de ley. “Va a llegar una mujer embarazada en peligro y el médico no podrá realizar el aborto, y eso va a causar muertes”.
El proyecto de ley —aprobado el Día Internacional de la Mujer— impone una pena de hasta 12 años de cárcel para los médicos que realicen el procedimiento. Es una de las sanciones más severas de la región.
Bajo la ley, no se permitiría que las escuelas enseñen que el sexo lésbico o gay es “normal” ni que hablen sobre temas LGBTQ con niños y adolescentes. El proyecto de ley codifica explícitamente el matrimonio como un acto realizado entre “un hombre y una mujer”.
Si el proyecto, como se espera, se convierte en ley, Guatemala tendría una de las sanciones más severas en la región para las mujeres que buscan aplicarse un aborto e incluso llegaría más lejos que sus vecinos conservadores en cuanto a prohibir cualquier movimiento sobre los derechos LGBTQ.
El año pasado, los legisladores de Honduras aprobaron una enmienda que hace que sea prácticamente imposible derogar los artículos de la Constitución que prohíben el aborto y declaran ilegal el matrimonio entre personas del mismo sexo. En El Salvador, el aborto es ilegal bajo cualquier circunstancia, incluida la violación. El matrimonio homosexual está prohibido y no existe un reconocimiento legal de género para las personas trans.
Sin embargo, Honduras y El Salvador ofrecen protecciones limitadas para las personas LGBTQ, incluidas leyes que castigan los crímenes de odio por motivos de orientación sexual o identidad de género. “Guatemala no tiene ninguna”, dijo González, el investigador de Human Rights Watch.
