Ciudad de México. (El Economista).- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificara como “propaganda de sus adversarios” la información relacionada con el asesinato de activistas en México, la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que, desde diciembre del 2018 a la fecha, se han asesinado a 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 9 personas eran beneficiarios del mecanismo de protección.
Ante tal situación, la Segob llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a asumir su obligación de proteger a todas aquellas personas que se encuentran en riesgo por el ejercicio de su labor.
“Desde la Secretaría de Gobernación, como institución operadora del mecanismo, se ha reconocido que un elemento que visibiliza la crisis de derechos humanos es el nivel de riesgo que sufren periodistas y personas defensoras de derechos humanos al realizar su labor a lo largo y ancho del país”, expresó la dependencia.
Según datos de la Segob, el mecanismo apoya a cerca de 1,478 personas en casi todas las entidades federativas, mientras que sólo seis entidades federativas del país cuentan con organismos locales de protección en esta materia, los cuales son:
Ciudad de México
Veracruz
Colima
Guanajuato
Guerrero
Puebla
Mientras que en lo que va del sexenio se ha incrementado el número de personas beneficiarias en más del 80%, aunado a que, en los años 2019 y 2020, se destinaron 783 millones de pesos, mientras que en este año se aprobó un presupuesto de 227.6 millones de pesos y se solicitó una ampliación de 189 millones de pesos, lo cual daría un presupuesto total para 2021, de 416.6 millones de pesos.
“Desde su creación (del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas) y a lo largo de los años, esta política pública ha presentado una serie de retos que transitan, por ejemplo, en la idea de que la única forma de intervención efectiva como Estado es sólo a través del mecanismo, olvidando así, la coparticipación que debe de existir de los tres órdenes de gobierno en la protección a quienes ejercen la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos”, instó la dependencia.
En tanto, reconoció que existe una ruta muy clara para realizar acciones de fortalecimiento para el mecanismo, la cual se centra en el cumplimiento de la totalidad de las recomendaciones emitidas por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México dentro del Diagnóstico para el Fortalecimiento del Mecanismo; la revisión del marco normativo sobre la protección a periodistas, así como el establecimiento de mecanismos de coordinación entre la federación y los estados para la efectiva protección a periodistas; y la promoción de diagnósticos estatales de prevención para identificar las agresiones por municipios y anticipar los fenómenos que las detonen.
Al hablar sobre el tema, el mandatario mexicano argumentó que dar a conocer la cifra de activistas asesinados durante su gobierno “es una propaganda de nuestros adversarios (…) Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo (…) Es que se contabiliza todo con la aplicación de la máxima del hampa de la política y del periodismo de que la calumnia cuando no mancha, tizna”, señaló en conferencia de prensa matutina.
Y aunque lamentó las muertes, López Obrador defendió que su gobierno lucha para que esto no suceda “y trabajamos todos los días para salvar vidas. Es una entrega total a la causa de la justicia y a proteger la vida de los mexicanos”.
