(El Financiero) En Sudáfrica suman 72 muertos y mil 234 detenidos en medio de los disturbios desencadenados por el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma la semana pasada.
Los incidentes se concentran principalmente en la región oriental de la provincia de KwaZulu-Natal y la provincia de Gauteng, en donde los últimos días turbas de personas han arrasado por completo centros comerciales y tiendas. También se ha presentado la quema vehículos, inmuebles y el bloqueo de calles y carreteras.
“El camino de la violencia, de los saqueos y de la anarquía sólo lleva a más violencia y devastación. Lleva a más pobreza, más desempleo y más pérdida de vidas inocentes. Esto no es lo que somos como pueblo”, declaró el presidente Cyril Ramaphosa en un mensaje a la nación.
De acuerdo con la agencia, a pesar del despliegue de 2 mil 500 soldados para apoyar a la Policía, la situación se mantiene fuera de control.
“Los saqueos continúan, así que no puedo decir que (la situación) esté bajo control”, admitió el jefe del gobierno de Gauteng, David Makhura, en declaraciones a la prensa.
Por su parte, el ministro de Seguridad sudafricano, Bheki Cele, subrayó que “ningún descontento o circunstancias personales” daban “el derecho a nadie a saquear, vandalizar y hacer lo que quieran e incumplir la ley”.
Los incidentes empezaron el pasado viernes en KwaZulu-Natal, provincia natal del polémico expresidente Jacob Zuma, quien el pasado 29 de junio había sido condenado a 15 meses de cárcel por desacato judicial tras haberse negado repetidamente a declarar por corrupción.
Aunque el exmandatario se entregó pacíficamente a las autoridades a última hora del miércoles, Zuma insistió en días previos en que era víctima de una persecución político-judicial y en que la pena de prisión sería para él una “sentencia de muerte”.
En ese contexto, sus simpatizantes salieron a cortar carreteras como muestra de apoyo.
Desde ese día las protestas se extendieron por KwaZulu-Natal y se replicaron en otras zonas, especialmente en el área de Johannesburgo.
Además de los motivos políticos, las manifestaciones se han recrudecido por la queja de los habitantes ante problemas sociales que han azotado históricamente a la región, como pobreza extrema, desigualdad, altos índices de criminalidad y un descontento generalizado por la pandemia de COVID-19.
“Lo que estamos viendo ahora son actos de criminalidad oportunista, con grupos de gente instigando el caos meramente como coartada para saquear y robar”, señaló Ramaphosa.
El presidente advirtió de que esta situación tendrá un impacto en la seguridad alimentaria y sanitaria del país, además de que “supone un severo revés para la recuperación económica y para el avance del plan de vacunación contra el coronavirus.”
El Ministerio de Salud confirmó que debido a las protestas en algunas zonas se ha paralizado la vacunación contra el COVID-19, situación que se suma a los problemas de acceso a servicios médicos básicos.
La ola de protestas se enmarca en el peor momento de una agresiva tercera ola de COVID impulsada por la variante Delta, con 2.2 millones de contagios acumulados y unas 64 mil muertes.
